El alto costo de la burocracia en las municipalidades

Por Iván Cifuentes, Perito judicial tributario y financiero, certificado por la Corte Suprema de Chile. Socio de Cifneg Consultores

Mientras los alcaldes reclaman más recursos por la vía de las contribuciones, miles de negocios formales esperan meses para obtener una patente comercial. Destrabar ese proceso es la palanca de ingresos que los municipios tienen frente a sus propias narices.

Cada vez que se discute el financiamiento municipal en Chile, el debate termina en el mismo lugar: las contribuciones de bienes raíces. Y no es para menos: en 2024, el Impuesto Territorial financió el 61% del Fondo Común Municipal, con una recaudación que superó los 2,5 billones de pesos. Pero concentrar toda la mirada en esa fuente es perder de vista una oportunidad concreta, menos visible y más fácil de activar: las patentes comerciales.

En Chile, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98,6% del total de firmas y generan cerca del 65% del empleo formal privado. Cada una de esas empresas debería ser fuente de ingresos para su municipio a través de la patente comercial. Sin embargo, obtener ese permiso puede tomar entre 15 días hábiles en el mejor caso y más de seis meses -o incluso un año- en escenarios de alta complejidad burocrática, según diagnósticos del sector privado. Mientras el trámite no concluye, el municipio no recauda.

El problema no es solo el tiempo. Es la heterogeneidad: cada municipio define sus propios requisitos, sus propios formularios y sus propios criterios de aprobación. Lo que en una comuna es un trámite digital de tres pasos, en otra implica certificados de la Dirección de Obras, informes del Seremi de Salud, visitas inspectivas y varias idas y venidas en ventanilla. El emprendedor, muchas veces, abandona. Y con él, se va también el ingreso que el municipio hubiera generado.

Formalizar es recaudar

La lógica es simple: una empresa que no tiene patente no paga patente. Y una empresa que opera en la informalidad porque el trámite era demasiado engorroso, tampoco. Los municipios, sin saberlo, están dejando ingresos sobre la mesa cada vez que complican innecesariamente el proceso de formalización. La burocracia no es solo una molestia para el emprendedor; es un costo directo para las arcas comunales.

Como perito judicial especializado en materias tributarias y financieras, he visto en numerosos casos cómo empresas que llevan meses o años operando sin patente terminan enfrentando procesos de fiscalización, multas y clausuras. Pero lo que no se ve -y es igual de relevante- es cuánto perdió el municipio durante todo ese tiempo en que el negocio existía pero no estaba registrado. Cada semestre sin patente es dinero que no ingresó, servicio que no se financió.

Pyme Ágil: la señal de que es posible hacerlo mejor

Existen evidencias concretas de que desburocratizar funciona. La plataforma Pyme Ágil, impulsada por el Ministerio de Economía, permite tramitar la patente comercial de manera simplificada y ha sumado progresivamente más comunas: a la fecha, 60 municipios están habilitados en el sistema. El resultado es una reducción significativa de plazos y eliminación de pasos innecesarios. Que 285 comunas todavía no se hayan incorporado habla de una oportunidad enorme que sigue sin aprovecharse.

El argumento de fondo es este: si un municipio quiere más ingresos propios, el camino más directo no es esperar que suba el reavalúo de los bienes raíces ni presionar por cambios legislativos en el FCM. El camino es facilitar que más negocios se instalen, se formalicen y paguen. Eso no requiere nuevas leyes ni modificaciones tributarias de fondo; requiere voluntad administrativa y modernización de procesos internos.

Tres medidas concretas que cualquier alcalde puede implementar hoy

Primero, digitalización completa del proceso. Un trámite 100% en línea, con plazos máximos de respuesta establecidos por ordenanza, elimina la discrecionalidad y reduce los tiempos de forma inmediata. Segundo, ventanilla única efectiva. Coordinar a las distintas unidades municipales involucradas -Patentes, Dirección de Obras, inspección- para que operen en paralelo y no en secuencia. Tercero, silencio administrativo positivo. Si el municipio no responde dentro del plazo definido, la patente se otorga automáticamente. Esta figura existe en nuestra legislación y es perfectamente aplicable.

Ninguna de estas medidas requiere recursos adicionales. Requieren liderazgo. Y, sobre todo, requieren entender que el emprendedor no es un problema a resolver, sino la fuente de ingresos que el municipio necesita atraer y retener.

Los alcaldes tienen razón en preocuparse por el financiamiento de sus comunas. Pero antes de mirar hacia arriba -al Estado central, a los reavalúos, a las transferencias del FCM- conviene mirar hacia adentro. En la sala de espera de la oficina de patentes de cada municipio puede estar buena parte de la respuesta.