El diputado Andrés Celis (RN) recurrió a la Contraloría Regional para que investigue las contrataciones de residencias sanitarias que realizó el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA).
En el escrito presentado al organismo contralor, el parlamentario por el distrito 7 señala que: «La discusión se ha centrado en los vínculos políticos que tendrían las contrataciones de las residencias sanitarias. En efecto, en San Antonio, se cuestionan los vínculos de funcionarios a cargo de estas residencias con la UDI, vínculos de parentesco con funcionarios de gobierno, etc. Sobre esto, usted ya tiene conocimiento, pues entiendo que se le han puesto a su disposición antecedentes de diversa índole por distintos grupos de interés. Es por ello que no quiero centrar mi presentación en estos puntos altamente publicados, por cierto con los mismos intereses políticos detrás».
El documento se refiere en particular al contrato de trato directo con Inversiones, Turismo, Transportes El Tabo Inmobiliaria y Constructora Limitada, firma que controla el Hotel Puerto Mayor de San Antonio cuya propiedad es de la familia del subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente la la UDI, Cristóbal Leturia.
«Entiendo que el proceso se ha llevado a cabo con calidad de urgente, pero aquello no puede justificar que se transformen en favores políticos, conflictos de interés, o den pie para infringir normas legales», comentó Celis.
El diputado analizó la Resolución Exenta (R.E.) N° 2886 donde el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio autoriza el trato directo con Hotel Puerto Mayor por más de $187 millones, los que incluían habitaciones y alimentación. Sin embargo, en la misma R.E. se contrataban otros servicios de comida, aunque en el detalle del servicio de residencia sanitaria ya se consideraban esas prestaciones. Cabe mencionar que la cotización aparece rayada encima sin que pueda entenderse la conclusión del abultado cobro ni quién realizó las observaciones al documento.
A lo anterior, se suma que la Orden de Compra se emitió el 29 de mayo, mientras que el trato directo el 12 de junio. No obstante, en este último no se menciona la retroactividad del contrato.
Respecto de este último punto, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, explicó que “es importante que la Contraloría analice desde cuándo se iniciaron estos servicios de residencia y qué incluían, porque si hay diferencias en la cotización con la orden de compra y el trato directo, puede que existan servicios que efectivamente fueron prestados pero sin haber sido justificados por un acto administrativo anterior a su inicio”.
El requerimiento de Celis se suma a la presentación que realizaron en la Contraloría los consejeros regionales Nataly Campusano, Roy Crichton, Cristián Mella, Manuel Murillo, Rolando Stevenson, Ricardo Aliaga, Roberto Burgos, Jorge Mora, Carlos Alarcón, María Victoria Rodríguez, Martín Ristempart y Tania Valenzuela. Los cores también solicitaron una investigación por parte del organismo frente a las presuntas irregularidades en la contratación de Puerto Mayor como residencia sanitaria en San Antonio.
Servicio de Salud e Intendente
A través de un comunicado, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio respondió que en relación a la consulta referida a la contratación de servicios del Hotel Puerto Mayor, la institución «colocó una orden de compra la cual fue aceptada por los términos que implica la habilitación de una residencia sanitaria. La empresa anteriormente mencionada, está habilitada en el portal de compras públicas, ChileProveedores. Cabe señalar que anterior a la contratación de este tipo de servicios, el SSVSA evaluó diversos recintos y nuestros equipos técnicos validaron los dispositivos que cumplen los requisitos dispuestos por la autoridad sanitaria para cumplir la función de residencia. El SSVSA de manera permanente evalúa los contratos con las residencias sanitarias, con relación a los servicios ofertados y los
ofrecidos por las empresas».
Por su parte, el intendente Jorge Martínez, consultado por Radio Recreo sobre las presuntas irregularidades comentó que «le he solicitado al director del servicio de salud respectivo, que haga las averiguaciones al respecto y el director del servicio de salud, que no depende de mi administrativamente hablando, también tiene la misma obligación que yo. Todos los funcionarios públicos tenemos la obligación legal de que cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito, debemos dar cuenta dentro de un plazo, o si no tenemos consecuencias legales muy complejas, no tengan la menor duda que cada vez que sepa de un hecho que pueda ser constitutivo de delito actuaré de igual forma. Por lo que usted me señala me he enterado hoy por la prensa, así es que haré las investigaciones que correspondan».